La reciente obligatoriedad de mantener actualizado el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) implica para las empresas colombianas el riesgo de sanciones administrativas muy severas en caso de incumplimiento. Las autoridades reguladoras –como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Transporte– han advertido que la falta de implementación o actualización de los controles antilavado podría derivar en procesos sancionatorios, con multas que pueden llegar a alcanzar cientos de salarios mínimos mensuales.

¿Qué es el SARLAFT?

El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) que deben implementar las empresas vigiladas por varias autoridades en Colombia. Se trata de un conjunto de políticas, procedimientos, controles y monitoreos internos que permiten identificar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En el sector transporte, por ejemplo, la Superintendencia de Transporte creó un comité de supervisión del SARLAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para asegurar que las compañías incluyan estos sistemas en sus operaciones. Aunque la exigencia del SARLAFT se asocia tradicionalmente con entidades financieras, en los últimos años se ha extendido a otros sectores regulados (transporte, construcción, energía, entre otros) como parte de los compromisos internacionales de Colombia contra el lavado de activos.

Obligaciones legales y plazos de actualización

La normativa colombiana exige no solo tener un SARLAFT implementado, sino mantenerlo actualizado regularmente. Por ejemplo, para el sector transporte la Circular Única de Infraestructura y Transporte (resoluciones 2328 de 2025 y 16615 de 2025) establece que las empresas vigiladas deben diseñar, aprobar y revisar su SARLAFT siguiendo ciclos predefinidos. Estas resoluciones fijan plazos concretos: las empresas existentes debieron cumplir con el nuevo sistema en un plazo transitorio (hasta el 6 de mayo de 2026), y las nuevas empresas sujetas tendrán ocho meses desde su habilitación para implementar el SARLAFT.

Además, se obliga a que la actualización del SARLAFT sea aprobada por la junta directiva o máximo órgano social de la empresa y que el oficial de cumplimiento tenga la función de diseñarlo y actualizarlo según las guías regulatorias. La norma también promueve auditorías internas anuales del SARLAFT para verificar su efectividad. En suma, las obligaciones cobran vigencia en distintas etapas: desde 2017-2020 se definieron los primeros plazos de implementación en el transporte, y con las resoluciones de 2025 estos se ajustaron y ampliaron, dando claridad a las empresas sobre los nuevos plazos límite y los sujetos obligados.

Sanciones administrativas por incumplimiento

El incumplimiento en actualizar o implementar el SARLAFT no es un mero detalle técnico: activa de inmediato el régimen sancionatorio correspondiente. La normativa prevé que la Superintendencia competente inicie procesos administrativos sancionatorios por violar los lineamientos del SARLAFT.

En el sector transporte, la misma resolución 2328 de 2025 remite al artículo 46 de la Ley 336 de 1996 (estatuto nacional de transporte) para el cálculo de multas. Esa norma establece multas graduadas entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para infracciones en transporte, con topes específicos según el modo: por ejemplo, para transporte terrestre las multas van de 1 a 700 SMMLV. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades (que vigila empresas de sociedad) puede imponer sanciones de hasta 200 SMMLV a compañías que incumplan las disposiciones del SAGRILAFT (la versión del SARLAFT en ese régimen). En todo caso, estas sanciones se calculan con base en el salario mínimo vigente al momento de la infracción. A manera de referencia, 200 SMMLV equivalen a decenas de millones de pesos, y 700 SMMLV superan el orden de los mil millones (los cálculos dependen del salario actual).

Además de las multas, las autoridades pueden iniciar investigaciones sancionatorias que, de comprobarse fallas graves, deriven incluso en suspensión temporal de la habilitación o actividad de la empresa.

Ejemplos recientes en el sector transporte

Hasta la fecha, la Superintendencia de Transporte no ha publicado multas específicas por incumplimientos del SARLAFT, dado que la implementación era reciente. Sin embargo, otras acciones de supervisión ilustran el rigor de la entidad. Por ejemplo, en 2021 sancionó centros de diagnóstico automotor por fallas administrativas, aplicando multas de hasta 150 SMMLV ($136 millones). En el contexto del SARLAFT, la entidad ya advirtió en septiembre de 2025 que no reportar información financiera requerida (un deber colateral) puede acarrear multas de hasta 700 Unidades de Valor Básico (UVB) (un estándar equivalente en monto).

Aunque en la práctica los casos concretos de SARLAFT en transporte aún no se ven en sanciones públicas, las empresas deben entender que las multas se calculan sobre el SMMLV del año en curso. Así, la inobservancia de las directrices antilavado es tratada como cualquier otra infracción grave: una falta administrativa que puede traducirse en multas de cientos a miles de SMMLV, de acuerdo con la gravedad y la reincidencia.

Sanciones administrativas vs. penales

Legalmente, la omisión de actualizar el SARLAFT es una infracción administrativa. No conlleva por sí misma pena de cárcel, pero abre la puerta a sanciones económicas en el ámbito regulatorio. No obstante, si el incumplimiento implica la participación en actividades ilícitas (por ejemplo, facilitar el lavado de dinero), también se pueden activar responsabilidades penales bajo el Código Penal (por el delito de lavado de activos). En la práctica, las autoridades suelen advertir que una empresa sin un programa SARLAFT adecuado facilita involuntariamente el delito: esto puede llevar a investigaciones más amplias, y en caso de comprobarse conducta dolosa o negligencia grave, hasta persecución penal de los responsables.

En resumen, la sanción administrativa (multas y medidas de supervisión) es la primera consecuencia inmediata, pero las empresas deben ser conscientes de que los delitos de lavado de activos en Colombia conllevan penas de prisión y multas penales sustanciales (hasta 200% del valor del acto ilícito).

Recomendaciones prácticas para las empresas

Para evitar sanciones millonarias, las compañías deben asumir el cumplimiento del SARLAFT como parte integral de su gestión de riesgos.

Entre las prácticas recomendadas figuran:

(1) Designar un Oficial de Cumplimiento responsable del SARLAFT.

(2) Desarrollar y actualizar un Manual de Procedimientos de LA/FT, aprobado formalmente por la junta directiva.

(3) Capacitar periódicamente al personal en materia de prevención de lavado de activos (la SuperTransporte ha realizado decenas de jornadas y dispone de un micrositio especializado para educar a sus supervisados).

(4) Realizar auditorías internas al sistema al menos una vez al año y documentar los resultados.

(5) Reportar puntualmente a la UIAF los reportes de operaciones sospechosas u otras obligaciones de transparencia, según instruye la normativa.

En otras palabras, las empresas deben incorporar el SARLAFT en sus políticas de riesgos, siguiendo las directrices de la Circular Única o de la Superintendencia correspondiente, para que los procedimientos de prevención sean efectivos y auditables. Adecuar los cronogramas internos y recibir asesoría experta puede facilitar cumplir a tiempo con cada fase de la implementación.

Impacto económico y reputacional

Más allá de las multas directas, el incumplimiento del SARLAFT puede generar un impacto grave en la empresa. En términos económicos, el costo de implementar de urgencia los controles requeridos suele ser alto (auditorías externas, ajuste de sistemas, consultoría legal) y se suman los recursos pagados por las multas.

Además, el solo hecho de ser objeto de un proceso sancionatorio puede dañar la imagen corporativa: clientes, proveedores e inversionistas pueden perder confianza en una empresa que se vincula (aunque sea indirectamente) con actividades de lavado o terrorismo. Asimismo, el riesgo reputacional puede traducirse en dificultades de acceso a financiamiento o en la pérdida de oportunidades de negocio.

En conjunto, las sanciones por incumplir el SARLAFT no solo representan un impacto financiero inmediato, sino que amenazan la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo.