Medida buscaría movilizar hasta $8 billones para atender daños y mitigar impacto social y económico
El Gobierno Nacional evalúa la expedición de un decreto para declarar el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, como respuesta a la grave afectación generada por la temporada de lluvias de 2026, que ya impacta a millones de ciudadanos en múltiples regiones del país.
De acuerdo con el documento oficial, la medida permitiría adoptar mecanismos excepcionales para movilizar recursos públicos y privados, con el objetivo de atender la emergencia humanitaria, reparar infraestructura dañada y estabilizar la economía local en los territorios más afectados.
¿Qué significa declarar Emergencia Económica, Social y Ecológica?
La Emergencia Económica, Social y Ecológica es una figura constitucional que permite al Gobierno tomar medidas extraordinarias cuando ocurre una crisis que amenaza gravemente el orden económico o social del país.
En términos simples:
- Permite crear normas temporales.
- Facilita el uso rápido de recursos públicos.
- Permite implementar impuestos o ajustes fiscales excepcionales.
- Agiliza contratación y ejecución de proyectos urgentes.
Este mecanismo está contemplado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia.
Impacto de la ola invernal en Colombia
Según la información contenida en el documento:
- La temporada de lluvias afecta más de 2 millones de personas.
- Se registran daños en infraestructura vial, viviendas, servicios públicos y sectores productivos.
- Cerca de 22 departamentos presentan emergencias asociadas a inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.
El documento también señala que la magnitud del fenómeno climático supera la capacidad presupuestal ordinaria del Estado, lo que justificaría la adopción de medidas extraordinarias.
Recursos que movilizaría la emergencia
El plan preliminar del Gobierno contempla:
- Movilización de hasta $8 billones de pesos.
- Uso de financiación excepcional.
- Posible creación de mecanismos fiscales temporales para atender la crisis.
Entre las opciones evaluadas estaría la implementación de instrumentos tributarios extraordinarios, incluyendo aportes temporales de sectores con alta capacidad económica.
Antecedentes jurídicos
El documento también hace referencia a antecedentes recientes. La Corte Constitucional suspendió previamente un decreto de emergencia económica expedido en 2025, lo que obliga al Gobierno a estructurar con mayor rigurosidad la justificación técnica y jurídica de la nueva medida.
¿Por qué el Gobierno considera necesaria esta medida?
La declaratoria se sustenta en tres factores principales:
- Emergencia humanitaria
Miles de familias requieren atención inmediata, reubicación y asistencia alimentaria. - Impacto económico regional
Sectores como agricultura, transporte y comercio presentan pérdidas significativas. - Riesgo fiscal y social
Sin intervención extraordinaria, podría profundizarse la desaceleración económica en zonas afectadas.
El Gobierno se encuentra en fase de análisis técnico y jurídico del decreto. De aprobarse, la medida tendría vigencia temporal y estaría sujeta a control de la Corte Constitucional.
